El juez Rafael Tirado en una imagen de archivo
EFE
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto hoy expediente a Rafael Tirado, el juez de Sevilla que condenó en primera instancia a dos años y 9 meses de prisión a Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, por abusar de su hija y no ordenó ejecutar la sentencia, por la posible comisión de una falta muy grave de desatención.
La comisión Disciplinaria del CGPJ ha adoptado esta decisión por unanimidad, según ha informado el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, que ha recordado que Tirado se enfrenta a la posible sanción de suspensión de funciones por hasta tres años, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.
El CGPJ remitirá además las actuaciones a la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía para que "valoren las conductas de laos funcionarios" que intervinieron en el caso.
El instructor del expediente escuchará ahora al juez de nuevo y propondrá una sanción en el plazo de seis meses.
La investigación contra González, archivada
El CGPJ también ha acordado hoy archivar la investigación abierta al juez de la Audiencia de Sevilla Javier González, que tardó más de tres años en confirmar la sentencia que condenaba a Del Valle, así como la que se seguía respecto de la magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, Esperanza Jiménez.
Enlaces recomendados
González ha dicho que "ignora" las causas por las que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha archivado antes la investigación sobre él. "Los datos con base a la decisión adoptada o la que haya podido adoptar, como puede ser el archivo, ya obraban en poder del CGPJ desde primeras horas de la mañana del 1 de abril pasado", aseguró.
"Una vez más el CGPJ adopta una decisión y la comunica a la prensa sin ponerla en conocimiento del afectado", se quejó. Además, precisó que en estos momentos "de tanta presión mediática e institucional no está de más recordar que la obligación de ser independientes en el ejercicio de sus funciones es exigible no sólo a los jueces y tribunales, sino también a sus órganos de Gobierno".
"Desde esta perspectiva continúo preguntándome si al menos en cuanto a las formas en este caso el CGPJ ha sabido estar a la altura de las circunstancias", finalizó.
