Los tres médicos de la clínica Isadora de Madrid, dedicada a interrupciones del embarazo, se han acogido hoy a su derecho a no declarar ante el juez de instrucción José Sierra hasta que éste "no concrete y aclare los hechos que se les imputa a cada uno".
Así lo ha manifestado a los medios de comunicación a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla Rafael Burgos, uno de los abogados de los tres médicos de la clínica Isadora (dos ginecólogos y una psiquiatra) llamados a declarar hoy como imputados por el titular del juzgado de instrucción número 47.
Desconocen la acusación
"Lo razonable es que se archive el asunto si el juez no sabe lo que se les imputa", ha añadido Burgos quien ha estimado que la instrucción del caso "ha podido tener deficiencias" y que, en caso de que estas se concreten, los abogados de la clínica formularán las pertinentes denuncias.
Por su parte, fuentes judiciales han explicado que el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que es en la primera declaración ante un juez de instrucción cuando el encausado conoce el asunto sobre el que ha sido requerido para declarar.
En este caso, añaden las mismas fuentes, "el criterio ha sido preguntar a los imputados sobre los extremos de la instrucción abierta" para que ellos tres se pronunciaran.
Instrucción "oscura"
Al juzgado también han acudido las portavoces de la clínica, Empar Pineda y Marisa Castro, quienes han denunciado que la instrucción es "oscura" y que la investigación judicial abierta por supuestos abortos ilegales es un complot contra los derechos de las mujeres.
Respecto a la información que publica hoy el diario "El País", en la que se asegura que la Guardia Civil desobedeció la orden del juez Sierra de cerrar las pesquisas y siguió adelante con su investigación sobre esta clínica, Pineda ha afirmado que "no hay nada en la actuación del Seprona que esté ajustada a derecho".
Paralelismo con Leganés
"No se trata de averiguar si se cumple la ley sino de encontrar algo condenatorio", ha destacado Pineda, quien ha afirmado que la investigación abierta "es una causa general y en abstracto propia de la Inquisición".
En esta línea, sostienen que la investigación judicial de la clínica Isadora guarda un paralelismo "muy claro" con los casos de presuntas sedaciones ilegales practicadas en el hospital Severo Ochoa de Leganés detrás de los cuales "está la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y el anterior consejero de Sanidad, Manuel Lamela".
