Los dos guardias civiles que en 2005 solicitaron que se retirara del cuartel de Almodóvar del Río (Córdoba) una imagen de la Virgen del Pilar recurrirán ante los tribunales superiores de justicia de Andalucía y Madrid la decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad de rechazar su solicitud.

En un comunicado, los agentes han señalado hoy que es "ilógico y contrario a la ley" que los recursos sean "resueltos nuevamente" por esta Secretaría porque ya los había desestimado "y nos ofreció la posibilidad de recurrir ante el Ministro del Interior" que, según ellos, es el órgano que debería haberse manifestado.

Los agentes han considerado que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha adoptado "la misma actitud" que el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, porque "han obviado nuestra solicitud y han delegado en otros órganos administrativos para evitar pronunciarse sobre el asunto".

Además, han asegurado que Rubalcaba y Mesquida "no son los únicos representantes políticos que se han lavado las manos" en esta cuestión porque "desde que se inició el procedimiento varios integrantes del PSOE nos han ido mostrando su apoyo y su afinidad pero ninguno de ellos ha hecho nada por crear el necesario debate a nivel político".

Han argumentado la decisión de recurrir ante los tribunales superiores de justicia de Andalucía y Madrid en que se trata "de que nos reconozcan un derecho fundamental" ya que, según los agentes, "debe tenerse en cuenta que para nosotros no es una cuestión nimia o caprichosa".

Los agentes han informado también de que han apostatado y que, mientras el Obispado de Córdoba "no ha puesto trabas de ningún tipo", el Arzobispado castrense "sí se opuso", una situación que denunciaron ante la Agencia Española de Protección de Datos, órgano que dictó una resolución obligando al Arzobispado a admitir la solicitud de apostasía planteada.Han recalcado que la existencia de un símbolo religioso expuesto en su lugar de trabajo "conculca nuestro derecho a la libertad de culto y la obligada aconfesionalidad del Estado".