La clínica CBM de Barcelona en una imagen de archivo.
La Guardia Civil ha detenido al director de las clínicas del grupo Ginemedex-TCB, Carlos Morín, y a otras cinco personas en una operación dirigida por la Fiscalía y un juzgado de instrucción ante las sospechas de que se realizan de manera reiterada abortos ilegales.
Los agentes han registrado de forma pormenorizada cuatro clínicas del grupo, situadas todas ellas en el barrio de Tres Torres de Barcelona, en la parte alta de la capital catalana.
Entre los detenidos se encuentran tanto los máximos responsables de las cuatro clínicas registradas (TBC, Emece, Ginemedez y Fundación Morín) como algunos trabajadores de estos centros.
"Un tóxico en el corazón"
Esta querella recogía la denuncia de un reportaje de una televisión danesa, en la que se veía a una periodista embarazada de 31 semanas entrevistarse con Morín para saber si podría practicarle un aborto, algo que éste aceptó sin saber que le estaban grabando con una cámara oculta, y hacía referencia a otro similar que realizó un tiempo antes el periódico británico Daily Telegraph.
En el reportaje se denunciaba la práctica de abortos ilegales a mujeres embarazadas de hasta más de siete meses procedentes de toda Europa.
Antes de salir de Dinamarca, la periodista afirmaba estar embarazada de 30 semanas y preguntaba por teléfono al doctor Carlos Morín si esto era un problema. "No es un problema pero tienes que venir cuanto antes", aseguraba el médico español.
Enlaces recomendados
Una vez en la clínica de Barcelona, el ginecólogo explicaba a la periodista que en su caso, de siete meses de embarazo, le inyectaría un tóxico que acabaría con la vida del feto: "Ponemos un tóxico en el corazón de la víctima y esto produce la muerte inmediata". El precio: 4.000 euros.
Otras denuncias
La investigación abierta por el juzgado de Barcelona también ha tenido en cuenta otras denuncias e incluso el testimonio de un ex empleado, y se basa en "una supuesta práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación", según ha señalado en un comunicado conjunto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Fiscalía.
La operación tiene como objetivo esclarecer si en alguno de estos centros se han practicado abortos no recogidos en los supuestos que prevé la ley española y que son considerados ilegales.
El artículo 145 del Código Penal contempla que el aborto fuera de los casos permitidos (riesgo para la salud física o psíquica de la madre, malformaciones graves o embarazo por violación) será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios de toda índole en clínicas y consultorios ginecológicos públicos y privados durante un tiempo de uno a seis años.
