Basta con apretar un botón para descargar 50.000 voltios de serio correctivo en el cuerpo del delincuente o sospechoso. Se trata de las pistolas tipo Taser, un instrumento paralizante capaz de infligir un gran dolor y que, según ha denunciado hoy Amnistía Internacional (AI), en España se encuentra fuera de control.

"El Gobierno ha confirmado que la Guardia Civil y la Policía Nacional no las van a usar por el riesgo que conllevan para los ciudadanos", ha explicado Esteban Beltrán, director de AI en España. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las policías autonómicas y locales, que en al menos tres Comunidades Autónomas (Cataluña, Valencia y Canarias) sí disponen de este tipo de armas. En el caso de las Canarias, las pistolas eléctricas incluso "forman parte de la dotación básica" de la policía local, denuncia AI.

Ésta es la principal conclusión del informe Voltios sin control presentado hoy por Amnistía Internacional y con el que esta organización pretende que el Gobierno "suspenda y prohíba" el uso de Tasers hasta que no se estudie el efecto de las descargas eléctricas sobre la salud de las personas. "Los Tasers no son un juego de niños ni una alternativa a las armas de fuego", señala Amnistía Internacional.

Armas incapacitantes

Las pistolas tipo Taser disparan dos dardos que, unidos al arma por sendos cables, aplican una descarga de hasta 50.000 voltios durante cinco segundos en el objetivo. Su alcance puede superar los seis metros, y en algunos modelos de pistola las descargas se pueden ir repitiendo mientras los dardos sigan en contacto con el sujeto.

La descarga tiene un efecto de incapacitación inmediato sobre la persona: los 50.000 voltios invalidan el sistema nervioso central del sujeto, causando una contracción incontrolable del tejido muscular y el colapso instantáneo.

Policías locales con Tasers

Según el informe de AI, en al menos cuatro Comunidades Autonómas (Asturias, Madrid, Cantabria, Castilla y León) se ha dejado la puerta abierta a este tipo de armas a través de los reglamentos que regulan sus policías locales.

En cambio, en comunidades como Canarias y Valencia la normativa recoge expresamente la dotación de defensas eléctricas. En el primer caso, la norma considera "imprescindible" las defensas eléctricas como material de dotación básico desde 2003, y AI cita los ayuntamientos de Teide, Arona, Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife como algunos en los que la policía local utiliza este tipo de armas. En Valencia, por su parte, el "inmovilizador eléctrico de defensa personal" es opcional, potestad a la que al menos ya se ha acogido un ayuntamiento de Castellón.

En Cataluña, los Mossos d'Esquadra descartan "por el momento" utilizar armas de descarga eléctrica para su uso ordinario, si bien admiten haberlas comprado para evaluarlas, según ha informado la Conselleria de Interior de la Generalitat tras la denuncia de Amnistía Internacional. Si finalmente se aprobara su uso, "estas armas nunca serían utilizadas en servicios ordinarios, sino en casos realmente excepcionales y como alternativa de las armas letales", ha señalado la Conselleria a través de un comunicado.

Mientras, ayuntamientos como el de Blanes (en Girona) ya cuenta con al menos dos Tasers en sus dependencias, un caso que puede no ser único en Cataluña, ya que esta organización asegura que otros 18 ayuntamientos catalanes han adquirido este tipo de pistolas en los últimos años.

Por último, el proyecto de Reglamento Marco para las Policías Locales en Baleares contempla el uso de "armas menos letales debidamente homologadas", categoría en la que podrían incluirse las pistolas tipo Taser.

A tiempo de evitar abusos

Según Esteban Beltrán, aún se está a tiempo de evitar que las fuerzas de seguridad hagan un uso indebido de las defensas eléctricas. "Está demostrado que si su uso se generaliza, estas armas acaban usándose no sólo contra delincuentes, sino también contra manifestantes o incluso estudiantes díscolos, como sucedió hace poco en Estados Unidos", ha asegurado el representante de AI.

Por ello, esta organización reclama que el Gobierno regule quién puede usar estas armas en España, ya que en determinados casos, 50.000 voltios de descarga eléctrica pueden ser tan mortales como un disparo hecho con un arma de fuego.