Cerca de 15.000 vehículos pasaron el peaje de Tarragona y El Vendrell de forma gratuita el sábado pasado. Una congestión de más de 70 kilómetros llevó a las autoridades a obligar a la concesionaria a levantar las barreras para evitar que la retención fuera aun más grande.

El debate que se plantea ahora es si es la empresa o el Estado el que debe asumir las pérdidas que produjo una medida como ésta. Y más allá de eso, si es justo que las autopistas cobren peaje cuando hay retenciones de este calibre.

El Col·lectiu Ronda , cooperativa de abogados que defiende los derechos ciudadanos, asegura que el peaje de la autopista es un contrato que el usuario hace con la concesionaria. Si no se obtiene un servicio bueno y eficaz, se puede rescindir el contrato.

"Cuando el consumidor paga por un servicio está haciendo un contrato, que le da unos derechos y unos deberes. En el caso de las autopistas, el consumidor paga para obtener un servicio rápido, con medidas de seguridad, con buenos servicios.... Cuando el servicio no es bueno, se puede rescindir el contrato y pedir una indemnización por daños y prejuicios", asegura Esther Costa, abogada del colectivo.

Reconocimiento rápido

"Levantar las barreras es un reconocimiento rápido de que el servicio no corresponde al dinero que hemos pagado", añade. En cuanto a la culpabilidad, el colectivo asegura que es un problema de co-responsabilidad. "Ni la concesionaria ni la administración hacen una buena gestión". La administración tiene que suministrar unos mínimos a Acesa considerando, por ejemplo, el aumento del volumen de coches.

La asociación de automovilistas RACC asegura que esta falta de planificación por parte de la administración es la causa de la situación que se vivió el sábado en Tarragona, y pide a las administraciones competentes que "asuman la responsabilidad".

La visión de la administración

El protocolo suscrito entre la concesionaria de la autopista, Acesa, y la Generalitat de Catalunya estipula que las barreras de los peajes se levantarán cuando haya un accidente grave, en fenómenos meteorológicos adversos o incendios, pero no para congestiones como la del sábado.

Aunque el Govern cree que el debate sobre quién deberá correr con los costes de esta medida excepcional "es menor y secundaria", el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, ha dicho a TV3 que Acesa tiene que entender que las subvenciones que recibe anualmente "deben incorporar el cálculo de situaciones de carácter excepcional". Las carreteras catalanas reciben subvenciones directas de los presupuestos "por valor de 40 millones de euros", según Nadal, por lo que Acesa tiene que asumir las pérdidas económicas de levantar las barreras.

La administración y Acesa tendrán una reunión "no inminente", según la concesionaria, para examinar la situación, los costes que se derivaron de ella y las obras necesarias en la AP-7 para que el verano que viene no se repitan los problemas.

Revisar el protocolo

La compañía, que declina "entrar en la polémica", asegura que es necesaria una reunión para tomar una decisión que incluya cómo se van a afrontar posibles situaciones similares que afecten "no sólo a Acesa sino al conjunto de compañías concesionarias".

Además, Acesa pide una revisión del protocolo, que supondrá una ampliación y determinará si levantar las barreras es una solución adecuada en esos casos y si se aplican mecanismos de compensación por el impacto económico que este tipo de medidas suponen.