Las diferencias entre las normas de las comunidades autónomas sobre violencia de género pueden producir "desigualdades en la protección y atención de las víctimas", asegura el Observatorio de la Violencia contra la Mujer.

El Observatorio considera positivos los desarrollos que las comunidades autónomas han hecho de la ley, pero asegura que ese "doble escalón normativo" puede producir "algunas disfunciones" en la prevención y sensibilización contra la violencia pero también "en las prestaciones que reciben las afectadas". Por eso insta a la Delegación Especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer, que preside Encarnación Orozco, a "asumir el liderazgo" para asegurar  "un estándar mínimo de protección en todo el Estado".

Problemas en la aplicación de la Ley

Los progresos desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia, en 2004, han sido "muy importantes" pero también se han encontrado muchas dificultades en su aplicación: "Se ha puesto el acento en las medidas del ámbito penal y judicial, frente a la escasa implantación de las medidas de prevención, especialmente las dirigidas al sistema educativo". Se mantiene, además, la tendencia de las mujeres a retractarse y existe "una aplicación muy desigual" de los programas de reeducación de los maltratadores.

Información. "La información con la que se cuenta en España presenta indudables carencias. Los datos disponibles, en muchas ocasiones, tienen limitaciones que impiden su adecuado seguimiento, comparación y análisis"

Medios de comunicación. "La información suele reducirse a casos de muerte o violencia física con resultado grave. Sigue sin oírse la voz de las víctimas o de sus familias. Seguimos sin saber las consecuencias sobre los descendientes. A menudo encontramos artículos o reportajes televisivos en los que se da el nombre completo e incluso fotografías de la víctima". "Sería aconsejable que los medios enfocasen su lente hacia el agresor -no hacia la víctima-, y colocasen el foco de la noticia en los agresores hablando del 'tercer asesino' en lugar de 'la tercera víctima', en lo que va de año".

"Las víctimas se siguen representando como ajenas al mercado de trabajo y se sigue omitiendo su profesión u ocupación". Eso puede "colaborar a la visión de las víctimas de la violencia de género como iletradas, ignorantes, carentes de estudios y de profesión". Esta es la idea que latía, dice el informe, tras el polémico auto con el que el juzgado número 1 de Valladolid archivó la denuncia de una profesora de instituto, a finales de marzo. El juez consideró "sorprendente" que una licenciada soportase malos tratos durante años y archivó su denuncia.

Sanidad. La capacidad actual de los profesionales sanitarios para detectar la violencia contra las mujeres y de atenderlas adecuadamente "es baja". Ilustran la afirmación con  frases de médicos como esta:' Nos han llenado de papeles de cómo dibujar los hematomas en la cara y en distintas partes del cuerpo... es un abordaje muy judicial. No estamos preparados, no hemos sido formados para captar el problema... no sabemos cómo preguntar, tenemos muchos pudores, muchas creencias de que aquí no pasa. No es un problema de mala formación, sino de falta absoluta de formación'.

Además, la situación de las comunidades autónomas, en lo que a protocolos de actuación, campañas de sensibilización, formación de profesionales, investigación y conocimiento del problema "es muy dispar".

Asistencia social. Las cifras de mujeres que presentaron agresiones y la de víctimas atendidas en los servicios sociales no tienen ninguna relación. Además, muchas comunidades autónomas declaran que sus redes de asistencia solo están siendo utilizadas a la mitad de su capacidad. No existen "datos completos y exhaustivos sobre la calidad de la asistencia" que se presta a las mujeres y a sus hijos. No se conoce, tampoco, si quienes las atienden en casas de acogida son profesionales especializados o no. 

Asistencia letrada. La ley contempla el derecho de las víctimas a ser asistidas por un abogado de oficio, y la existencia de un turno de abogados de guardia especializados en la materia. Este derecho, sin embargo, no se hace efectivo. "No se solicita la presencia de abogados de oficio de forma generalizada". Esta situación "es preocupante" dado que el contenido de la denuncia puede afectar no sólo a la actuación policial y judicial posterior, sino a las medidas de protección.

A demás, el Observatorio detecta "plantillas insuficientes en los turnos especializados de oficio" y "un déficit de formación especializada" en sus abogados.   

Programas de rehabilitación de agresores. Los psicólogos se encuentran con problemas éticosporque conocen la existencia de agresiones (más o menos importantes) que el sistema judicial no conoce. El protocolo establece que comuniquen estos casos a su colegio profesional, para que evalúe si lo traslade o no a las autoridades competentes. Pero para la mayoría de los profesionales "no está claro".

La eficacia de estos programas  está "deficientemente evaluada". No se ha publicado en España ningún informe riguroso.

Juzgados.  Aún no existe, como prevé la ley, un juzgado especializado en cada provincia. Se prevé, en cambio, que se creen todos antes de fin de año, "labor  que corresponde la CGPJ".

El Observatorio constata la "insistencia" con la que las víctimas se acogen al derecho a no declara contra su pareja. Sólo en Madrid, esto motivo una sentencia absolutoria en el 63% de los casos presentados en 2006. El organismo recuerda que estos delitos son perseguibles de oficio y en ellos "no cabe el perdón del ofendido" y sin embargo se le está dando entrada. Así, la protección de la víctima se vuelve "absolutamente ineficaz"

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