Si hubieran muerto todas juntas, pongamos en un atentado, habría habido manifestaciones, funerales plagados de autoridades, conmoción general. Si hubieran muerto a la vez en un accidente laboral, una epidemia o el descarrilamiento de un tren, la indignación sería mayúscula. Todo el mundo estaría esperando el resultado de la investigación. Pero ellas fueron asesinadas una por una. En sus casas o en la calle. Ya 46 mujeres en lo que va de año. Una tras otra. Una cada cuatro días y medio.

Pero sí que existe una amplia investigación . El Gobierno la tiene encima de la mesa desde hace al menos dos semanas, pendiente de ser "aprobada". La ha elaborado el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, un organismo creado por el Gobierno y en el que participan las comunidades autónomas y representantes municipales, asociaciones de mujeres, consumidores, sindicatos, empresarios, organizaciones no gubernamentales y expertos en la materia. Es el primer informe de esas características que redacta desde su creación, hace algo más de un año. Casi 300 páginas en las que expertos, instituciones y agentes implicados analizan cifras, detallan los efectos de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género y revelan las dificultades que existen para llevarla a la práctica.

Y son muchas: No hay información suficiente. La estadística de casos no es fiable, entre otras cosas porque sólo se registran los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), y no los que tratan las policías autonómicas y locales, ni los que se presentan directamente en los juzgados. Por las encuestas, se considera que 1.800.000 mujeres sufren violencia de género en España, y que 680.000 lo declaran expresamente. De 2002 a 2006, las denuncias han aumentado más de un 71%. De cada 10 delitos de violencia contra las personas, 7 son contra una mujer.

Ante ese panorama, el Observatorio propone 80 medidas. La mayoría son propuestas muy concretas. Algunas, si se llevaran a la práctica, conllevarían un coste económico importantísimo. Implican a sindicatos, empresarios, médicos, trabajadores sociales, periodistas, profesores, universidades, abogados y jueces. Suponen el aumento de derechos sociales de las víctimas y, de ponerse en marcha, podrían cambiar la vida de mucha gente. Por ejemplo, las inmigrantes que hayan sufrido violencia en su país de origen podrían tener derecho de asilo. Las víctimas que no hayan cotizado lo suficiente podrían cobrar el paro. Y las que sean despedidas por llegar tarde o faltar al trabajo debido a su condición de víctima conseguirían que su despido fuera nulo.

El Observatorio de la Violencia terminó el trabajo el 28 de junio y el Gobierno dio acuse de recibo el pasado viernes 16 de julio. Entre esas dos fechas, el Ministerio de Trabajo, del que depende el Observatorio, se negó en repetidas ocasiones a hacer público el informe (ni la valoración de la ley, ni la lista de medidas) "hasta que las apruebe el Consejo de Ministros". El Observatorio tampoco lo hizo, escudándose en la decisión del Ministerio, aunque algunos de sus integrantes y colaboradores han admitido que ese argumento, la necesaria aprobación del Consejo de Ministros antes de hacer público el trabajo, "compromete la independencia" del organismo.

De momento, el Gobierno ha presentado un resumen del informe, sin reproducir las medidas concretas. ¿Cuántas y cuáles se aprobarán? ¿Cuándo? Éstas son las principales medidas de entre las que propone el Observatorio.

Generales

-Crear una base de datos única, con información sobre cada caso y con la colaboración de todas las instituciones implicadas.

-Formación especializada y obligatoria para todos profesionales que tratan a las víctimas (incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad, y las empresas privadas).

-Lograr la coordinación entre instituciones (sobre todo entre el Estado y las comunidades autónomas) y consensuar pautas de actuación comunes para garantizar una protección eficaz.

-Insistir en todas las medidas para prevenir y detectar posibles casos, antes de que el delito se cometa.

Educación no universitaria

-Conseguir que se trate esa materia en la educación con continuidad en los planes de estudio.

-Investigar y publicar los resultados para que los profesores "superen la incertidumbre que genera tratar en el aula un tema considerado tabú".

-Desarrollar protocolos sobre cómo actuar en la escuela si se conocen casos.

Educación universitaria

-Incluir asignaturas especializadas en todas las titulaciones universitarias, que deberán diseñarse a partir de 2007. Deberán ser impartidas por profesorado especializado.

-La universidad, como institución, debe "implicarse en erradicar la discriminación en la propia institución" y "no puede seguir fundamentándose en un modelo social caduco".

Medios de comunicación y publicidad

-Autorregulación en la información y periodistas especializados en las redacciones.

-Enfocar la información hacia el agresor, no hacia las víctimas. Huir del tratamiento "tipo suceso".

-Velar por el cumplimiento de la ley en materia publicitaria.

-Información específica para los colectivos de inmigrantes.

Sanidad

-Poner en marcha planes de formación específicos para los profesionales sanitarios, incluyendo los servicios de salud mental y ginecología. Estos planes deben elaborarse con unos mínimos para todas las comunidades autónomas, y con "calendarios y presupuestos especificados".

-Diseñar un protocolo común de actuación sanitaria en casos de violencia de género para todas las comunidades autónomas.

-Incluir sistemáticamente protocolos de detección precoz y atención adecuada en programas especiales, como los de salud mental.

-Incluir en los registros de mortalidad de las comunidades autónomas la vigilancia y documentación de todas las muertes fetales de causa desconocida.

-Analizar las desigualdades entre hombres y mujeres en el propio sistema sanitario para erradicar la discriminación.

Laboral, Seguridad Social y apoyo económico

-Incluir en los convenios colectivos de las empresas medidas que concreten los derechos de las afectadas.

-Decretar que un informe de servicios sociales sea suficiente para que una mujer acredite su situación de víctima ante la empresa, y pueda solicitar así la reordenación del tiempo de trabajo o la movilidad geográfica.

-La ley actual contempla seis meses de reserva de puesto de trabajo si es necesario un desplazamiento para protegerse. Ampliarlos a 12.

-Ampliar los derechos de que disfrutan las trabajadoras por cuenta ajena a las autónomas, "máxime teniendo en cuenta la creciente importancia de este colectivo y el peso cuantitativo de las mujeres en él".

-Estudiar con especial atención la situación y los derechos laborales de las inmigrantes. Si una inmigrante con permiso de trabajo y residencia temporal tiene que suspender su contrato por ser víctima de violencia, que el tiempo de suspensión compute como tiempo trabajado a la hora de renovar los permisos de trabajo y residencia.

-Contemplar que las trabajadoras que no hayan cotizado el periodo mínimo puedan tener derecho a "desempleo asistencial por su sola condición de ser víctimas de violencia de género", aunque durante menos tiempo y siempre que se acredite su necesidad por carencia de ingresos.

-Eliminar los requisitos de "conciliación previa" con la empresa y similares para acelerar el proceso de protección.

-Introducir en el Estatuto de los Trabajadores el despido nulo, cuando se haya fundamentado en ausencias o faltas de puntualidad debidas a la situación física o psicológica de la trabajadora que sufre violencia.

-Estudiar que el desarrollo y garantías de los derechos de las víctimas se incluyan en los convenios colectivos.

Asistencia

-Solidaridad interterritorial para poder usar los recursos asistenciales sufragados por una comunidad autónoma o entidad local con víctimas de otras.

-Investigar la calidad de los servicios sociales asistenciales locales y autonómicos y casas de acogida, ya que "en la mayoría de las ocasiones se desconoce el modelo de intervención tras sus programas terapéuticos y si logran su objetivo de recuperar psicológicamente a las mujeres y los niños víctimas de violencia".

-Garantizar el acceso a la información y recursos asistenciales a las mujeres con discapacidad y extranjeras.

Medicina forense

-Estudiar y valorar el riesgo y peligrosidad que presente el agresor.

-Conseguir que todos los partidos judiciales tengan unidades de valoración forense.

Ámbito jurídico

-Estudiar la situación de las víctimas inmigrantes, tanto si lo han sido en su país (posibilidad de asilo) como si lo son en España.

-Considerar si ha existido violencia de género en los casos de secuestro internacional de menores, para evitar que la orden de restitución del niño "opere como baza a favor del agresor".

-Eliminar las "vaguedades" legales que permiten imponer las penas inferiores en grado a los agresores, según las "circunstancias personales del autor".

-Unificar los programas alternativos a las penas de cárcel.

-Generalizar los programas de rehabilitación de maltratadores. La oferta es "insuficiente".

-Estudiar la posibilidad de que las víctimas que no tengan orden de protección puedan disfrutar de los mismos derechos que aquellas que sí la tienen, si existe una condena o medidas cautelares de prisión provisional para el agresor.

-Autorizar la residencia temporal de las mujeres extranjeras víctimas que estén en situación irregular.

-Elaborar una guía de buenas prácticas judiciales, que incluya la necesidad de valorar el riesgo de maltrato como parte de la motivación de las resoluciones judiciales. También la posibilidad de decretar medidas de protección sin escuchar al agresor y la garantía de informar a las mujeres que se acogen al derecho de no declarar de los medios que pueden ponerse a su disposición para protegerla.

-Se considera "inaplazable" asegurar la comunicación entre los diversos sistemas informáticos utilizados en la administración de Justicia y que éstos sean "homogéneos y comparables".

Otras

-Informar con una campaña "especialmente enérgica" a los extranjeros para que conozcan la ley española en este ámbito, las penas a las que se enfrentan los agresores y los derechos que asisten a las víctimas.

-Asesoramiento y asistencia on line para las víctimas.

-Revisar el lenguaje sexista en el ordenamiento jurídico.