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ADN.es / Opinión

Martes, 14 de febrero de 2012. Actualizado a las 02:15h | : el tiempo en

09 de Julio de 2009 | ADN.es

P2P sí, P2P no

Emule no es malvado y el intercambio de archivos no tiene finalidad lucrativa. El juez titular del Juzgado Mercantíl número 7 de Barcelona, Raúl N. García, ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra elrincondejesus.com, una web de enlaces para la descarga de películas y música.  "Las redes P2P como meras redes de transmisión de datos entre usuarios de internet no vulneran, en principio, derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)", indica el auto del magistrado. Asimismo, considera que "introducir una obra fonográfica o videográfica en el programa eMule que ha sido previamente convertida en un archivo informático, compatible con dicho programa, no constituye un actor de reproducción".

La sentencia da empuje a los defensores de las descargas y a gran parte de los internautas, si no defensores, usuarios de éstas. La web denunciada por la SGAE ha recibido 15.403.110 visitas desde febrero 2003 y su éxito es sólo una muestra del gran cúmulo de opciones que el ciberespacio ofrece en redes P2P.

Mientras, en Francia, el Senado ha aprobado hoy una nueva versión de su ley antipiratería. El nuevo el texto contempla multas de entre 1.500 y 3.750 euros. El infractor recibirá un e-mail advirtiéndole de su conducta y luego una carta certificada en caso de reincidencia, pero no podrá suspender el acceso a la red porque el Consejo constitucional francés ha establecido que sólo un juez tiene potestad para ello. Ahora sólo falta que el próximo 23 de julio la Asamblea Nacional de el visto bueno a la legislación.

Y tras elrincondejesus y la nueva ley francesa, seguiremos pendientes de la sentencia por el juicio en Madrid contra el desarrollador español Pablo Soto, creador del programa de descargas Manolito. La Asociación de Productores de Música de España y las multinacionales Warner, Universal, Emi y Sony piden a Soto 13 millones de euros por el perjuicio causado al haber violado presuntamente la propiedad intelectual de las obras del catálogo de sus artistas sin pagar los derechos de autor. Soto se defiende argumentando que él no es responsable de la utilización que hagan los usuarios de una herramienta tecnológica como es su programa Manolito. Un programa, por otra parte, que Soto ha protegido mediante los derechos de autor. Y cuyas copias deben pagarse. 

 

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